REVELACIONES DEL PASADO DE BLUMBERG EN LA TEXTIL CASTELAR

Fuente Tribuna de Periodistas 3/5/07

El ex gerente general de la empresa textil Castelar, Juan Carlos Blumberg, logró que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara el 3 de noviembre de 2004, sin disidencias ni debate, una norma que eleva las penas para quienes incurran en el delito de vaciamiento de empresas. Este punto, que forma parte del petitorio, fue avalado por casi seis millones de personas e impulsado por el ingeniero luego del asesinato de su hijo. Sin embargo, su trayectoria no parece haber sido del todo transparente.
Desde la década del '50, la Textil Castelar fue una de las industrias más importantes del rubro. Divididos en tres turnos de ocho horas, más de 1400 obreros trabajaban diariamente en las cuatro hectáreas que ocupaba en Morón. "Estuvo siempre a la cabeza de la tecnología; trabajar en Castelar era sinónimo de prestigio y estabilidad", cuenta Jorge Vlahos, ex encargado de mantenimiento de planta.
Jorge Tchomlekdjoglou, propietario de la textil Primotex de Lanús, se convirtió en accionista mayoritario de la textil Castelar al recibir un préstamo por 14 millones de dólares de Cristina Onassis. La descendiente del magnate helénico Aristóteles Onassis era la novia de Jorge Tchomlekdjoglou (h) y amiga de su hermana Marina, más conocida por su apellido de casada, Dodero.
A mediados de los '70, la familia griega fundó la algodonera Mides en Puerto Tirol, provincia del Chaco. "Blumberg inauguró Mides con papá", reconoció Dodero. Desde ese momento, el ingeniero se transformó en empresario.
El ex intendente de Puerto Tirol, Juan Von Siebenthal, declaró en septiembre de 2004 a la revista Veintitrés que "Blumberg nunca pagó la luz ni el agua ni nada. Tampoco realizó los aportes de los trabajadores. Él quería hacer su negocio y punto. Se llevaba a todos por delante". En la misma publicación, Luis Quiroz, ex maquinista de la empresa chaqueña, no titubeó al describir la actitud del gerente general. "Era un negrero, nos trataba como esclavos. Nos dejó a todos en banda sin dar explicaciones. No pagó sueldos, ni indemnizaciones", afirmó.
Lideradas económicamente por Castelar, Primotex y Mides, las empresas crecieron hasta convertirse en un grupo de diez manufactureras textiles de primer nivel. Así, el ingeniero pasó a ser gerente general y mano derecha de Tchomlekdjoglou. Tanto sus responsabilidades como las presiones, aumentaron y su rol se volvió cada vez más determinante. Deuda fraudulenta

En 1982, durante la dictadura militar, Domingo Cavallo, desde la presidencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA), nacionalizó las deudas del sector privado a través de seguros de cambio. Mediante esta operación, el Estado se hizo cargo de la diferencia que surgiera de los créditos de las empresas con la banca extranjera al momento del pago.
Para Alejandro Olmos Gaona, continuador de la causa que estudia la deuda externa ilícita impulsada por su padre, "Castelar es una de las tantas empresas que a través de operaciones ilegales se beneficiaron con regímenes de seguro de cambio, lo que les permitió auto-prestarse y después transferir sumas al Estado en complicidad con los bancos del exterior".
En la causa 17.718, que investiga la deuda desde 1983, el auditor Ricardo Venancio López asegura que "se detectaron irregularidades en el endeudamiento externo" y que, por lo tanto "debe dársela de baja de los registros de la deuda".
A pesar del dictamen para que el Estado no se hiciera cargo de la deuda, la investigación fue archivada en 1988 por orden del ex director del BCRA, José Luis Machinea, y del representante especial del Ministerio de Economía ante los organismos internacionales, Daniel Marx. La muerte de papá
Con la muerte de Jorge Tchomlekdjoglou en 1986, el holding se sumergió en una profunda crisis financiera y sus dos hijos heredaron la empresa. Mientras Dodero se ocupaba de las relaciones públicas de Castelar, su hermano confiaba ciegamente en la capacidad de Blumberg que, desde la gerencia general de Mides, tomó las riendas del grupo. "Él era quien manejaba absolutamente todo", sostiene Catalina Nenúfar Albornoz, ex funcionaria de la Secretaría de Industria y Comercio de la Municipalidad de Morón, convocada por Dodero para salvar a la empresa del desastre.
Pero la crisis no pasaba sólo por lo económico. "La relación de Blumberg con los empleados era pésima", asegura Vlahos y agrega: "No se podía tener trato con él, era todo a cara de perro. Como delegados nos entrevistábamos, pero era tan prepotente y altanero que las negociaciones siempre terminaban a las puteadas".
Las deudas con bancos nacionales y privados se triplicaron y los recortes salariales, seguidos por despidos masivos, resultaron soluciones frecuentes. Esto reflejaba "la incapacidad de los herederos -agudizada por la depresión de Jorge, luego de la misteriosa muerte de Cristina Onassis en 1988- y las maniobras de Blumberg en la conducción del grupo", según revela uno de los ex directores de Castelar, Víctor Arana, otro de los convocados por Dodero para levantar la empresa.
El holding se desmoronaba. Las razones eran evidentes y la respuesta, la pasividad. "Como gerente general e ingeniero, Blumberg tenía una radiografía de cómo se iba desempeñando la fábrica. ¿No sabía que se estaba yendo en picada, que se les adeudaban ocho quincenas a los obreros, que había un descontrol total, que no había repuestos para el equipamiento, que la importación de maquinaria nueva se quedó en el puerto por culpa de una declaración jurada mal hecha?" , se pregunta Arana.
Entre las principales acusaciones contra Blumberg, Arana y Albornoz coincidieron en denunciar que los reintegros de la Aduana nunca aparecieron y que la entrada y salida de dinero no era transparente. "Fue uno de los máximos artífices de la caída total de la empresa", denuncia Albornoz.
Los trabajadores también percibían los turbios manejos gerenciales. "Blumberg se estaba comiendo las fábricas, la de Morón, la del Chaco y la de Lanús", sostiene Vhalos.
Arana despidió a Blumberg en 1993, luego de una dura discusión en la casa de Jorge. "Le dije que había antecedentes suficientes como para que se retirara", admite el ex asesor.Un cierre escandaloso El 14 de octubre de 1994, se decretó la quiebra de Castelar. Seis años más tarde, la jueza Silvia Rey la hizo extensiva al resto de las empresas del grupo, responsabilizando a Tchomlekdjoglou (h) y a Dodero.
Sin embargo, el principal motivo de la quiebra se desprende del testimonio del ex jefe de Costos y Presupuestos, Aldo Aschei: "La instalación de Mides –custodiada por Blumberg- requería de una inversión millonaria, que ésta no se encontraba en condición de realizar si no era a través de la solvencia de Castelar".
Paralelamente, el grupo judío ultra ortodoxo Jabad Lubavich fundaba Cladd (Con la Ayuda De Dios), una nueva textil en Morón con tecnología innovadora. "Blumberg jugó a dos puntas. Fundió Castelar, se llevó a los mejores técnicos y levantó Cladd en su detrimento. El tipo le robó a la empresa, a los griegos y a las 1400 personas que trabajaban ahí y no quedó enganchado en ningún lado", sentencia Albornoz.
A diez años de la quiebra, la cadena de supermercados Coto adquirió las cuatro manzanas que ocupaba la vieja textil, Tchomlekdjoglou (h) tuvo que abandonar el país y a Dodero le negaron el pasaporte argentino. Asimismo, Blumberg es uno de los tantos acreedores que esperan cobrar su parte de los casi cinco millones de pesos que la empresa les debe a sus ex empleados. Mejor no hablar de ciertas cosas
"Yo no vi que se llevaran a nadie, pero que desaparecieron gremialistas, lo sabemos todos", presume sin dar detalles armando Horacio Ponce, ex delegado sindical de Castelar. Más allá de cualquier especulación, el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó que al menos dos empleados de la fábrica desaparecieron durante la última dictadura militar.
Oscar Manuel Cobacho, estudiante de Derecho y militante montonero, fue secuestrado el 30 de noviembre de 1978. Para ir al trabajo, atravesaba los campos de la VII Brigada Aérea del partido de Morón, linderos a la textil. En ese momento, el máximo responsable de esa jurisdicción militar era el ex Brigadier César Miguel Gómez.
Su madre, Sara Derotier, cuenta que "Oscar estaba casado con María Elena Gómez" y que de esa relación "nació Juan Martín, ahora de 30 años, dos años más de la edad que tenía su padre cuando lo secuestraron". Dorotier detalla: "Se lo llevaron en la estación Ramos Mejía a las cuatro de la tarde junto con una chica a la que le decían Tita. A los dos se los chupó el Ejército".
Según el informe de la Conadep, Cobacho fue llevado a la División de Automotores de la Policía Federal, ubicada en la calle Lacarra y Ramón Falcón –en Capital–, donde funcionaba el centro clandestino de detención El Olimpo. "A Oscar lo torturaron mucho, tal es así que lo trasladaron al Hospital Militar a los dos o tres días de estar en El Olimpo", relata su madre.
Aunque poco se sabe sobre su destino, Alicia María Galetto también trabajó en Castelar. Según los antropólogos forenses, la secuestraron el 26 de marzo de 1977 y habría sido llevada a la Mansión Seré, otro centro clandestino de detención, también conocido como Atila.

Diego González

Emiliano Gullo

Sebastián Penelli
Agencia ISA

UN CONTRATO COMPLICA AL MINISTRO DEL INTERIOR

Sin dudas no se trata de un buen momento para el ministro del Interior Aníbal Fernández. Anulado su sueño de ser candidato a gobernador bonaerense, con cada vez menos poder en el gobierno y obviado en el armado de listas de un cargadísimo año electoral, se conocieron ahora detalles de un polémico contrato firmado y autorizado por él cuando ejercía como intendente de Quilmes, el cual hoy sigue vigente y concluyó en una denuncia penal. Esta denuncia, encabezada por el contador Juan Albaytero, solicita la retribución a la Municipalidad de Quilmes de casi 18 millones de pesos, gastados en el pago de servicios a una empresa, Relevamientos Catastrales S.A., que se encarga de cobrar los impuestos en Quilmes, así como una denuncia penal contra todos los funcionarios relacionados con este contrato, bajo el cargo de violación de los deberes de funcionario público. En las negociaciones con esta firma de capitales paraguayos, estuvo involucrado la ex mano derecha del ministro del interior, el diputado provincial Daniel Gurzi, quien hoy ha crecido notablemente en su manejo territorial y económico en Quilmes, para preocupación de Fernández. Relevamientos Catastrales arrastra una historia de polémicas, supuestos vínculos con el dictador paraguayo Lino Oviedo, y salidas escandalosas de otros municipios en los que estuvo vinculada como Pilar y Cañuelas. Incluso, en Quilmes el actual intendente Sergio Villordo dijo a fines del 2003 que no veía la utilidad de continuar con una empresa, que al parecer le costó al municipio la frilera de 50 millones en una década, y encima no concretó la prometida digitalización del catastro municipal. El argumento al que apeló Aníbal Fernández para contratar la firma fue obvio: mejorar la recaudación del municipio. Sin embargo, al asumir Villordo denunció que recibió un municipio con 14 millones de déficit y una deuda de 65 millones. Pero no sólo lo económico es cuestionable. “Delegaron funciones propias del Estado, violaron la doctrina del Tribunal de Cuentas y violaron el secreto fiscal, o sea, los datos de los contribuyentes”, explica Albaytero. Los inicios El conflicto comienza en 1993, cuando Fernández era intendente de Quilmes. La ley de Emergencia Económica que regía en la provincia promovía con lógica menemista la iniciativa privada, para la concesión de obras o servicios públicos. Esta ley, en su artículo 36, señala que “si la entidad pública concedente entendiere que dicha obra o servicio y su ejecución o prestación por el sistema de concesión es de interés público (…) podrá optar por el procedimiento de licitación pública (…) convocará su presentación mediante anuncios a publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y en dos diarios”. Adhiriendo a esta ley, Aníbal Fernández firma una ordenanza, la 7080/93, en la cual privatiza tres actividades en manos de la empresa Relevamientos Catastrales S.A. Esas actividades eran “la elaboración y ejecución de un sistema de saneamiento del padrón de contribuyentes, recupero de deuda atrasada y relevamiento de construcciones clandestinas”. “Aquí comienza el fraude”, advierte Juan Albaytero, dando inicio a su relato. Este contador viene siguiendo e investigando el tema desde el principio, lo cual le costó una querella del mismo Fernández en su contra. Según todo lo contado y documentado por Albaytero, el “primer fraude se da con el sellado de la ordenanza, la cual viola la ley que habla de concesiones, cuando lo que se contrató aquí no es más que una prestación de servicio. Luego, el contrato viola la ordenanza, delegando en un privado la recaudación impositiva”. El convenio de Descentralización Administrativa de la Provincia de Buenos Aires permite a los municipios cobrar el impuesto a Ingresos Brutos. De esto se encargaría Relevamientos Catastrales. “Para esto –sigue el contador- se le dio a la empresa la base de datos de la municipalidad, violando lo que se denomina secreto fiscal”. “Esto es terrible. Si tienen acceso a los escalones más altos de la base de datos, quiere decir que pueden modificarlo”, explica Albaytero subrayando la importancia de esta violación. La firma Relevamientos Catastrales tampoco cumplió, al día de hoy –o sea 12 años después-, con el compromiso contractual de cambiar el catastro por uno digital ni con la actualización del padrón. De hecho, en estos días la propia Municipalidad estaría enviando formularios pidiendo los datos de contribuyentes, trabajo que recaía en la polémica empresa.Cronología de una “concesión” turbia En 1995, se produce un hecho que altera lo acontecido de forma definitiva: El decreto 803/95 denomina por primera vez al contrato con Relevamientos Catastrales como “concesión”. Allí, se habla de las “tareas y objetivos a desarrollar por la empresa (…) cómo concesionaria municipal(…)”. Por ello, en su artículo 1, advierte que se autoriza “al personal de la empresa Relevamientos Catastrales S.A. (…) a cumplir funciones de fiscalización y control del cumplimiento de normas y obligaciones tributarias (…), así cómo confirma que “los sujetos autorizados podrán efectuar controles, verificaciones y requerir de los contribuyentes toda la documentación pertinente”. Este decreto, que literalmente autorizaba la privatización no sólo del cobro de impuestos sino que también le proveía a la empresa el derecho de requerir y acceder a información personal y crítica de los vecinos de Quilmes, fue firmado por el mismísimo ministro del Interior, entonces intendente de esa localidad, Aníbal Domingo Fernández. Un año después, con Federico Scarabino ya instalado en el máximo sillón municipal quilmeño, se firmó el decreto 1642/96, que complementa el anterior, legalizando la concesión del servicio de recaudación tributaria. “Relevamientos Catastrales S.A., concesionaria del servicio de recaudación tributaria” confirma dicho decreto. Ninguno de estos dos decretos fue publicado como señalaba la ley. Luego de seguir transitando oficinas con los papeles bajo su brazo, Albaytero presentó todo lo que había conseguido en años de investigación al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, el cual plantea un recurso pidiendo la nulidad de los decretos por violar una ley de Orden Público. Este recurso, firmado por el abogado Juan Posbeyikian, augura unos interesantes puntos de crítica contra los decretos –el de Aníbal Fernández y el de Scarabino- que legalizaron el cuestionado acuerdo con la cuestionada empresa, centrándose en dos ejes: la falta de publicidad de esos decretos y las actividades que recaen en Relevamientos Catastrales S.A. que son propias de los profesionales de Ciencias Económicas. En primer lugar, establece que ambos decretos adolecen de “vicios en el objeto y en la forma, por falta de publicidad que lo fulminan de una nulidad absoluta y manifiesta”, violando la ley que obliga a publicarlos. Asimismo, el recurso aclara que las “tareas que los decretos delegan (…) tales como auditorías tributarias (…) son incumbencias propias de los profesionales de las Ciencias Económicas”. Además, explica que ambos decretos consienten “la configuración de un delito penal”, ya que se “sería partícipe de un delito de acción pública”.Un final cantado Tiempo después, todo esto quedó en la nada. “Esta presentación se hizo en 1998, y fue muy buena. Pero en ese momento Aníbal Fernández ya estaba en el gobierno provincial, y de alguna forma se desarticuló la causa”, explicó el contador con un dejo de resignación. Al llegar 2004, los diez años del contrato se habían vencido. Es aquí donde prima el poder de que el contrato tenga carácter de concesión, hecho suscripto por el polémico decreto firmado por el hoy ministro del presidente Néstor Kirchner. Ya que, por ley, las concesiones tienen derecho a la posibilidad de renovación automática, lo cual consiguieron. Si el encuadre hubiera sido otro, deberían haber convocado a una licitación, algo que Relevamientos Catastrales S.A. viene evitando desde hace años. El intendente ya era Sergio Villordo, ex chofer y hombre fuerte de Aníbal en Quilmes. “Al renovarse el contrato –explica Albaytero - una abogada presenta una denuncia, la cual recae en el fiscal Luís Armella, quien hoy es el primer juez Federal de Quilmes. Al solicitar el expediente, Roberto Guglielmeto, en ese momento asesor letrado de la Municipalidad y hoy Secretario de Gobierno, argumenta que el expediente de la renovación está extraviado”. Ya en 2006, la Secretaría Jurídica del Tribunal de Cuentas de Quilmes, presentó un dictamen en el cual determina que no se puede tomar como un contrato de concesión el firmado con Relevamientos Catastrales S.A. en 1994 y renovado en 2004. Allí, explica que la contratación de la Municipalidad de Quilmes con la empresa en cuestión, “no se trata de una concesión de Servicios Públicos, sino simplemente de una Locación de Servicios”. Pese a este último intento, el nuevo contrato se aprobó por 3 años, y vence el 15 de septiembre de este año. ¿Lo renovarán?
Nicolás FiorentinoLa Política Online

PASO A PASO: CÓMO SE FALSEAN LAS MEDICIONES DEL INDEC

La encuestadora inició su rutina semanal visitando un comercio de alimentos en plena Ciudad de Buenos Aires. Una empleada del lugar aportaba los datos habituales: algunos de los precios relevados indicaban leves subas y todo transcurría normalmente hasta que apareció en el salón la encargada del lugar y pidió frenar la tarea. Hurgó detrás del mostrador y sacó un fax que le habían enviado desde la casa central con el título: "Lista de precios para el INDEC". "Estos son los precios que le tenemos que dar a ustedes", dijo la encargada del comercio, corrigiendo la primera información. ¿Quién otro que un funcionario oficial estaría interesado en girar a los comercios encuestados una lista con los precios que debe informar al INDEC? No es necesario aclarar que esa "lista" era muy parecida a la de los acuerdos de precios fijados entre el Gobierno y las empresas. No incluía ninguna de los aumentos que sí estaban marcados en los productos exhibidos en la tienda. La encuestadora se negó a registrar esos precios y lo denunció puertas adentro del INDEC, pero sería bueno saber cuántos comercios cometieron la "torpeza" de exhibir lo que debía ser un "non paper" y cuántos habrán recibido al encuestador con los deberes prolijamente hechos, es decir ocultando la verdad. El caso muestra a las claras que la violación del secreto estadístico que debe proteger el Instituto Nacional de Estadística y Censos ya es un hecho. Pero es sólo el inicio de una cadena de intervenciones destinadas a borrar de los papeles (aunque no de la realidad) la inflación de precios que tiene como brazo ejecutor a la flamante directora de precios, Beatriz Paglieri, y como ideólogo al secretario de Comercio, Guillermo Moreno. El "método" El master plan para dibujar la inflación sigue con la incorporación de tropa propia al equipo de "data entries", los que ingresan los datos. Entre los nuevos encargados figura Ulises Valentín, un hombre señalado por los técnicos del organismo como ex custodio de Moreno. Los flamantes funcionarios encargados de adulterar los datos tienen tareas adicionales a las de sus antecesores: ahora deben resaltar en las listas que entregan los encuestadores los precios que registran subas. Así, luego es más fácil señalar dónde se debe entrar a "dibujar". Un ejemplo del "sistema": si los relevamientos de los encuestadores dieron como resultado que el hueso con carne subió más del 1% en marzo, el documento final mostraba una caída en el precio de ese producto de 10,2 %. Este fraude fue denunciado por los empleados del INDEC, pero entre los economistas privados que realizan sus propias encuestas aparecieron otros datos llamativos en el Índice de Precios al Consumidor, IPC. Mientras que el rubro carne registró para el INDEC una suba de apenas el 0,8%, en el relevamiento de la consultora Tomadato -que considera una canasta de 1.000 productos- salta un aumento del 1,05%. Algo similar sucedió con el rubro frutas y verduras, que para el INDEC tuvo en marzo una baja, mientras que para la encuestadora privada el capítulo "frutería" fue el que registró la mayor suba de ese mes: 5,1%. Con la indumentaria ocurrió otro papelón. En el mes en el que se presenta la nueva temporada –con precios estacionalmente más altos- el rubro "ropa" tuvo un alza del 5,6%, 3,2 puntos porcentuales por debajo de la medición privada. Además, la indumentaria sólo habría aumentado un 1.1% en la comparación de marzo 2007 con diciembre 2006, algo decididamente improbable a menos que la dupla Moreno-Paglieri también pueda explicar que los precios de las bikinis, al acercarse la liquidación, son casi igual de costosos que la ropa de abrigo de la temporada otoño-invierno. Los pasos fraudulentos para dibujar el índice de inflación empiezan por testear sólo la lista de precios "oficiales" –los presuntamente acordados por las empresas con Moreno-; siguen por la eliminación arbitraria de productos –que forman la base estadística del INDEC- y terminan por promediar precios que no podrían promediarse por su distinto impacto estacional y por su diferente influencia en el rubro general. El "método" Moreno: - Los comercios encuestados (que ya no son secretos) reciben una lista con los precios que deben darle a los encuestadores del INDEC. - Se alteran los datos ingresados de las encuestas: cada uno de los relevamientos está "marcado" con los precios en alza. - Esos precios en alza se modifican en el sistema por los que figuran en el acuerdo del Gobierno con las empresas. - Se exige la clave de cada uno de los empleados para revisar la información que ingresan a diario al sistema y "tocarla" según las necesidades de la intervención. La inoperancia Aún así, y para confirmar la inoperancia de los funcionarios, a la dupla Moreno-Paglieri se le "escapó" el aumento de la canasta básica de un 3,6%, totalmente incongruente con una inflación general del 0,8%, también dibujada. ¿Cómo fue posible? Por un error de la directora que aprobó la difusión de la información y supervisó el documento final. Moreno mandó a redactar un comunicado con la "corrección": una deflación del 0,2% de la canasta básica. Desde la Secretaría de Comercio, ante el papelón, insiste en denunciar los complots de los técnicos del INDEC que cuestionan el desplazamiento de la funcionaria de carrera Graciela Bevacqua, reemplazada por Paglieri. La verdad es que, si hubiera existido ese complot, la interventora también lo podría haber detectado, ya que le pidió al equipo de sistemas que le revelara el usuario y la clave de seguridad de cada uno de los empleados del área del IPC para poder determinar qué modificaciones hace cada uno a diario. Lejos quedó el mandato de secreto estadístico que rige al organismo. A esta altura, el error con la canasta básica no refleja otra cosa que no sea la falta de conocimientos técnicos de la intervención que tomó de su propia medicina y en la maraña de modificar datos terminó haciendo lo único que tenía En el Ministerio de Economía hablan ahora de nombrar a un nuevo funcionario en el INDEC con el rol de auditar todas las cifras antes de que sean difundidas. Básicamente, alguien que llame a Balcarse 50 para chequear si los datos son del agrado del Presidente. ¿No estaba para eso Paglieri? Ahora habrá un interventor de la intervención. Todo vale, menos tomar medidas de fondo para controlar la inflación.
Cecilia Boufflet

cboufflet@perfil.com.ar

Revista Noticias

FILMUS AVALA CONTAMINACIÓN MINERA

INSÓLITOS FOLLETOS PARA ALUMNOS RURALES

La novedad, recién conocida y que ha generado mucha indignación, comenzó a expandirse como reguero de pólvora entre sectores ambientalistas y comunicaciones vía Internet, una de las cuales llegó a quien esto escribe: en manuales de 9º grado se han incluido folletos y cuadernillos destinados a alumnos de escuelas rurales, cuyo material está dedicado exclusivamente a exaltar las bondades de la minería en el país, acompañado por otro referido a la energía nuclear. Dicho material fue editado por organismos estatales. De hecho, en el encabezado figura la plana mayor del ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, obviamente con el nombre del ministro Daniel Filmus en primer término.
Una de las personas que informó sobre este hallazgo señaló que lo vio en una escuela rural muy cercana a la localidad de Gastre, en la provincia de Chubut. Se recuerda que hace algunos años esa zona estuvo en el ojo de la tormenta que se desató por la intención, respaldada por las autoridades nacionales y provinciales de entonces (administración Alfonsín), de autorizar allí el entierro de residuos nucleares y tóxicos provenientes de otros países. Finalmente ello no se concretó gracias al éxito de la firme resistencia llevada a cabo por pobladores y organizaciones ambientalistas.
En el folleto de marras se hacen comparaciones mezquinas y tendenciosas, como por ejemplo que "mirar televisión es más peligroso que vivir cerca de una central nuclear", y se subestima nada menos que una tragedia como la ocurrida en 1986 en la ciudad ucraniana de Chernobyl, donde como se recordará un escape radiactivo producido en la central atómica del lugar dejó como saldo miles de muertos y graves problemas de salud en los habitantes de las zonas cercanas, entre ellos cáncer, leucemia y malformaciones genéticas, consecuencias que persisten al día de hoy. También se incluye un chiste de muy mal gusto, en el que unos pájaros salen del "smog" de una gran ciudad para respirar el "aire puro" que rodea a una planta nuclear.
Respecto del folleto sobre minería, éste fue titulado "Desarrollo de un proyecto a partir de un caso modelo". En realidad toda una serie de humoradas si tenemos en cuenta que el "caso modelo" elegido es nada menos que la mina catamarqueña "Bajo la Alumbrera", explotada por un consorcio suizo-canadiense-australiano y que viene causando varios desastres.
Humorada I: Una parte del folleto expresa que "Bajo la Alumbrera es el primer yacimiento en exportar minerales argentinos de manera significativa. La empresa procesa alrededor de 80.000 toneladas diarias de rocas, para exportar oro y concentrado de cobre por 600 millones de dólares anuales". Pero evita explicar a los chicos de las escuelas rurales, a quienes está destinado, que el dinamitado de rocas y la utilización de productos altamente tóxicos, entre ellos cianuro y ácido sulfúrico, para separar los metales de la roca, hace que los pobladores de las cercanas localidades de Andalgalá, Belén y Santa María vivan cubiertos por una lluvia ácida y nubes de polvo, con sulfuros impregnados en el aire. Ni que además del aire están contaminadas las aguas de la zona, contaminación que ya alcanza a las cuencas acuíferas de las vecinas provincias de Tucumán y Santiago del Estero a través de los ríos Salí y Dulce. Ni que ha ido creciendo de forma alarmante la existencia de pobladores afectados de cáncer y graves enfermedades respiratorias. Ni que la minera consume unos 100 millones de litros de agua por día, lo que ha provocado que en Santa María, por ejemplo, desaparezcan plantas, animales y cultivos, transformándose paulatinamente en un desierto. Ni que la empresa no paga nada por esa cantidad de agua que consume, mientras todos los pobladores deben pagarla religiosamente.
Humorada II: Otra parte del folleto señala, como "algunos aspectos del impacto a escala local y regional", cuestiones tan "ventajosas" como "la creación de empleo permanente en forma directa para 600 personas mientras dure la explotación de la mina; la creación de otros puestos de trabajo en forma indirecta, a través de los bienes y servicios que distintas empresas brindan a la mina; el mejoramiento de la infraestructura de la región en lo que se refiere a caminos, puentes y comunicaciones; el impacto ambiental de la actividad humana". A los alumnos rurales no les cuentan, en cambio, que pese a la "panacea económica" anunciada, la pobreza ha aumentado en lugar de disminuir, ya que los agricultores pierden cultivos y animales; que en general las personas empleadas por la minera provienen de otras provincias, una costumbre de todas las multinacionales del sector para no tener que rendir cuentas en casos de muertes por accidente, ya que generalmente nadie hace reclamos por víctimas que vienen desde lejos; que al "mejoramiento de la infraestructura de la región referida a caminos, puentes y comunicaciones" todavía lo están buscando con lupa, y ya se lo comenta como otro chiste del ministro De Vido; y que el "impacto ambiental de la actividad humana" no es otro que el que vienen padeciendo los habitantes de la región, ya explicado anteriormente.
Humorada III: El folleto (más que folleto un folletín) indica además que "el proyecto impacta también a nivel nacional a partir del ingreso de cientos de millones de dólares en concepto de ingresos por exportación, y otros montos provenientes de impuestos y regalías". Claro que es difícil que los inocentes alumnos rurales se enteren que las "fabulosas ganancias" para el país residen solamente en el magro 3% que las mineras dejan en concepto de regalías, y que los "montos provenientes de impuestos" prácticamente no existen, dado que la generosidad de los gobernantes que abrieron alegremente las puertas a la explotación de las multinacionales mineras –desde Menem en adelante- hizo que se las liberara del pago de impuestos, que por las enormes cantidades de gasoil que utilizan paguen sólo la mitad de su valor, y hasta que se les permita evitar la declaración en Aduanas del tenor y cantidad del material que exportan, con lo cual bien pueden engañar a las cándidas –o más bien corruptas- autoridades nacionales y provinciales, en relación a lo que deben dejar en el país en concepto de regalías.
¿En qué planeta vive el licenciado?
En suma, tales son las "ventajas" de la minería mostradas a los alumnos de 9º grado de escuelas rurales. Todavía no se entiende el por qué de haberse elegido precisamente esos destinatarios, salvo que los genios que elaboraron esos folletos piensen que por su lejanía de los centros de poder y por su lógica inocencia de "chicos de campo" –los que por esos motivos no deben ser considerados "de segunda" sino que deben ser mejor ayudados educacionalmente- puedan ser más permeables a las fantasías que les venden o les envían desde la "gran capital". De hecho, desde la Casa Rosada y su zona de influencia.
Algunas de las personas que se encontraron con esta verdadera "propaganda minera" anexada a esos textos escolares, advierten que habrá que tener cuidado con "lo que se puede venir en los próximos años". Una advertencia que no es para echar en saco roto, habida cuenta de los delirios presidenciales acerca de la megaminería, a la que define como la nueva "panacea económica" del país. Y que incluso en su ahora vapuleada provincia natal, Santa Cruz, hizo desarrollar varios proyectos mineros asociando a la empresa estatal Fomicruz (Fomento Minero Santa Cruz) con multinacionales británicas, sudafricanas y canadienses.
Esas mismas personas que informaron sobre esta aberrante difusión pro-minería en textos escolares, vienen insistiendo en la creación de una ONG con personería jurídica, capaz de poder presentar acciones legales sin comprometer los bienes individuales de cada uno. Al menos deben sentirse algo estimulados, ya que se dio el caso de que la multinacional Meridian Gold perdió el juicio que inició contra pobladores de Esquel que se oponen a la explotación de la mina "El Desquite", ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de fallar en contra de la minera. Con lo cual ésta y el gobernador de Chubut, Mario Das Neves -facilitador del pretendido accionar de esa compañía-, ahora deben levantar campamento la primera, y cerrar la boca el segundo.
En tanto cabe preguntarse en qué planeta vive el licenciado Daniel Filmus, ministro de Educación y candidato a jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Alguien que nunca llegó a caracterizarse por una gestión siquiera "pasable" al frente de su cartera, que en los recientes y luctuosos sucesos ocurridos durante las protestas docentes en la provincia de Neuquén se "borró" al mejor estilo Casildo Herreras. Y que ahora tuvo la "genial" ocurrencia de hacer llegar a los estudiantes rurales de 9º grado un material promoviendo las supuestas bondades del accionar de las mineras transnacionales que en los hechos depredan el país.
Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero quizás algunos dirigentes del arco opositor se despierten de su letargo y opten por, al menos, pedir explicaciones a Filmus por esta barbaridad.
Carlos Machado

Fuente Tribuna de Periodistas 30/4/07

LOS VIAJES DE CRISTINA Y SUS GASTOS

Fuente Tribuna de Periodistas 30/4/07
Hace casi tres meses, la organización no gubernamental Poder Ciudadano, que integra la red de entidades similares agrupadas en Transparencia Internacional, se dedicó a controlar los viajes de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que por lo general incluyen una vasta comitiva y una agenda de jefa de Estado. En ese sentido encaró una verdadera misión imposible: comenzó por solicitarle al gobierno información sobre quiénes acompañaron en febrero a la senadora a Francia, sus cargos, la agenda del viaje y los costos diarios de alojamiento de cada miembro de la delegación.
De esa forma Poder Ciudadano, dedicada a promover la participación de la ciudadanía y la lucha contra la corrupción, intentó utilizar un decreto presidencial de 2003 que autoriza a cualquier ciudadano a pedir información al Poder Ejecutivo. Pablo Secchi, miembro del área política de la entidad, dijo que "nos enteramos del viaje por medios periodísticos, y había versiones sobre elevados costos de alojamiento, por eso resolvimos pedir información". Aquí comenzó el imposible de esa misión.
El gobierno envió a la senadora Fernández como representante a la ceremonia de la firma de la Convención Internacional para la Protección contra la Desaparición Forzada de Personas, que se llevó a cabo el 6 de febrero en París. En realidad, una jugada para comenzar a promover la figura de Cristina para el caso de que finalmente resultara presidenciable en octubre próximo. Para reforzar este tanteo, se logró agendarle a la esposa de Kirchner entrevistas con el primer ministro francés Dominique de Villepin, con el entonces ministro del Interior y candidato presidencial oficialista Nicolás Sarkozy y con la candidata socialista Segolène Royal.
De acuerdo a los medios de comunicación, Cristina viajó con una nutrida comitiva de funcionarios, que incluía al vocero presidencial mudo Miguel Núñez, y se alojó en el lujoso hotel parisino "Le Meurice". Algunos medios, obviamente los que no mantienen "obediencia debida" hacia el gobierno kirchnerista, informaron que una habitación en ese hotel, ubicado en la Plaza de la Concordia y con vista hacia los jardines de las Tullerías, se cotiza entre 615 y 1.615 euros por noche, datos sobre los que no hubo ninguna desmentida oficial.
La odisea de Poder Ciudadano para lograr que la Presidencia de la Nación le informe sobre los gastos de ese viaje comenzó el 9 de febrero, cuando efectuó por primera vez ese pedido, pero el gobierno se mantuvo en silencio. Pasados los diez días hábiles que establece el decreto para que el Poder Ejecutivo entregue la información, éste pidió una prórroga, pero vencido ese plazo tampoco hubo respuesta. A fines de marzo, Poder Ciudadano dio el segundo paso previsto en el procedimiento: apeló a la Oficina Anticorrupción, que depende del ministerio de Justicia, que ahora tiene el expediente, ante lo que considera un incumplimiento del decreto y una "negativa a brindar la información pública solicitada".
Mientras tanto, Cristina continuó con sus viajes, como los que realizó recientemente a Ecuador, Venezuela y México, que Poder Ciudadano se dispone también a investigar. En tal sentido el miembro de la fundación, Pablo Secchi, le adelantó en una entrevista a Marcela Valente, corresponsal de la agencia noticiosa IPS: "Estamos estudiando los distintos viajes de la senadora, los que realizó hasta ahora y los que tiene previstos a Estados Unidos y a España". Por su parte María Julia Georgelli, de la Asociación por los Derechos Civiles, señaló a la misma agencia que "fue muy buena la acción de Poder Ciudadano, ya que logra impacto y contribuye a educar a la ciudadanía en lo que es el control de la gestión pública".
Igual que Nicaragua
Esta negativa del gobierno argentino a informar sobre los requerimientos que competen al gasto público y varias otras cuestiones, así como a despreciar al periodismo –obviamente al que no le es obsecuente- al no realizar conferencias de prensa en "defensa propia" para evitar preguntas incómodas, ni brindar información salvo la que expone, parcializada, el propio presidente Kirchner desde el histerismo de sus atriles, es una constante de esta administración a poco de echar a andar en mayo del 2003.
Y esta política tiene su correlato con lo que sucede actualmente en Nicaragua. Allí, la estrategia de comunicación del gobierno de Daniel Ortega, basada en no informar sobre asuntos ajenos a la agenda oficial, está agitando las aguas del periodismo de ese país centroamericano. Medios de comunicación y entidades civiles califican al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como "secretista", y señalan posibles amenazas a la libertad de expresión. Académicos, intelectuales independientes, críticos de izquierda y de derecha, empresarios, políticos opositores y hasta aliados del gobierno coinciden en que éste ejerce una excesiva "protección" de la información pública.
El presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, Francisco Rivas, señaló que "el gobierno maneja la información como en tiempos de guerra, y su estrategia de comunicación es un arma para castigar a los medios independientes que no le agradan a la señora Rosario Murillo", esposa del presidente Ortega y autora de la Estrategia de Comunicación, basada en no dar información a los medios "de derecha" y en comunicar las acciones gubernamentales en medios afines al izquierdista FSLN.
El pasado 22 de febrero, el diario opositor nicaragüense "La Prensa" divulgó ese documento. El 26 de marzo, el gobierno destituyó a una funcionaria al día siguiente de que ésta concediera una entrevista a ese diario, hecho del que el gobierno no dio ninguna explicación, lo que ayudó a reforzar la impresión de que ese despido se debió al suministro de información a un medio no oficialista.
Las suspicacias provocadas por esta estrategia comunicacional del gobierno nicaragüense son abonadas además por otras cuestiones, como la postergada aprobación de la ley de acceso a la información pública. Diputados sandinistas y del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que integran la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, han propuesto que la ley considere como documentos reservados las declaraciones de probidad, de aumento patrimonial y de situación económica y jurídica de los funcionarios públicos.
Cristina Chamorro, periodista e hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro y directora de la Fundación que lleva su nombre, principal organización promotora de la ley de acceso a la información pública, afirma que "algunos diputados están tratando de desvirtuar su espíritu original para protegerse en el futuro de posibles delitos", agregando que "este gobierno mantiene aquella posición de que la libertad de expresión es para ellos como cuando se le enseña la cruz al diablo", y se manifestó preocupada porque los diputados, tanto sandinistas como liberales, vienen postergando la discusión de la ley desde hace más de tres años.
Conclusión
Repasando lo que acontece en Nicaragua en materia informativa y comparándolo con la (inexistente) política comunicacional del gobierno argentino, uno no sabe a ciencia cierta en cuál de los dos países está parado en estos momentos, en lo que hace a esa cuestión.Sólo podemos decir que, en el caso de la Argentina, cualquier similitud en ese sentido con la realidad nicaragüense NO es una casualidad.
Carlos Machado